Daños y Perjuicios

DAÑOS Y PERJUICIOS

1) Acción preventiva de daños 2) La prevención del daño en la asamblea judicial 3) Responsabilidad del consorcio por cosas caídas o arrojadas desde el edificio 4) Responsabilidad de los propietarios por cosas caídas o arrojadas del edificio 5) Responsabilidad del Consorcio por daños con origen en partes comunes 6) Daño psicológico - 7) Daño moral 8) daños causados por animales 9) daños y perjuicios - ascensor
10) ruidos molestos 11) daño por desvalorización del inmueble 12) caída del peatón en la vía pública 13) lucro cesante 14) prueba pericial en daños

1) ACCION PREVENTIVA DE DAÑOS

El Código Civil y Comercial de la Nación incluye a la función preventiva dentro de la responsabilidad civil (arts. 1710 y ss.).
De tal modo, la responsabilidad civil no sólo resarce el daño injusto; también lo previene.
La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento.
Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño.
Se ha pasado o se quiere pasar del paradigma de la REPARACIÓN al paradigma de la PREVENCIÓN. Se ha creado o se quiere crear un nuevo paradigma en la sociedad: la prevención de los daños, el pensar en el otro y actuar u omitir actuar para no dañar al otro.
Actualmente se ha aceptado que la prevención constituye también una de las funciones esenciales del derecho de daños que se hace efectiva mediante la acción preventiva frente a conductas antijurídicas y riesgosas.
El nuevo rol del juez se traduce en los mandatos preventivos. Con su socorro el órgano jurisdiccional puede y debe emitir órdenes judiciales (aún respecto de terceros ajenos al proceso respectivo) cuando la sustanciación de un proceso le ha dado la oportunidad de tomar conocimiento de que es probable que un daño acaecido se repita (o agrave) en detrimento de sujetos identificados o no.
El art. 1710 Cód. Civ. Com. establece: Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: 1) evitar causar un daño no justificado; 2)  adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que este le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; 3)  no agravar el daño, si ya se produjo.
La norma solo exige la amenaza de un daño, sin que se requiera la materialización del daño. Pero exige la presencia de un acto ilícito perpetrado por el demandado.
No es necesaria la presencia de dolo o culpa en el destinatario de la acción.
En cuanto a los obligados comprende en forma amplia a toda persona, pero la limita con la expresión "en cuanto de ella dependa".
El deber de prevención alcanza entonces a quienes, por su posición, están en condiciones de evitar el daño, o sea, la circunstancia fáctica se encuentra en su esfera de control.
El no dañar a otro lleva implícito, en su misma esencia, la idea de una razonable evitación del perjuicio
Tanto desde el punto de vista del damnificado, cuanto del posible responsable, la prevención del daño es por lo general preferible a su reparación.
Mirada desde la perspectiva del potencial dañador, la prevención es también útil, pues —en definitiva— también lo pone a cubierto de las contingencias dañosas que, por su gravedad y entidad, pueden llevarlo a situación económicamente difícil con motivo de las indemnizaciones que deba afrontar.
En materia de molestias ocasionadas por el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos que excedan la normal tolerancia, los jueces "pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación", a cuyos efectos deben "ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción" (art. 1973) .  La solución normativa es similar a la que preveía el art. 2618 del Cód. Civil derogado.
En la propiedad horizontal se prevé que en caso de violación por un propietario ocupante de las prohibiciones establecidas por la ley o por el reglamento, "el consorcio o cualquier propietario afectado tienen acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local" (art. 2069). ( cfr: Pizarro, Ramón Daniel "Función preventiva de la responsabilidad civil. aspectos generales" 20/09/2017 , 39  • JA 2017-III , 1408). 
Son requisitos de procedencia de la acción que nos ocupa (46):
Una acción u omisión con razonable aptitud causal para generar un peligro de daño no justificado.
La pretensión luce orientada, precisamente, a que el demandado haga o deje de hacer algo que, con razonable aptitud causal, puede generar un daño no justificado.
Es irrelevante la identidad del agente; sea una persona humana o jurídica, pública o privada, la solución es la misma. La tutela inhibitoria procede, de tal modo, contra particulares y contra el propio Estado y sus funcionarios públicos .
Se exige la presencia de una acción u omisión actual, que sea idónea para producir un daño futuro (o para provocar su persistencia o agravamiento), "haciendo nacer así en el afectado un interés para promover una acción preventiva y conseguir el dictado de una sentencia de mérito sobre el particular" .
El demandante debe acreditar la vinculación razonable entre la actividad o inactividad ilegítima del demandado y el daño que conforme a estándares de causalidad adecuada podría derivar como consecuencia inmediata o mediata previsible de aquella. No se exige demostración de la certeza del daño que amenaza; basta con una probabilidad o previsibilidad objetiva y seria .
La conducta riesgosa debe ser antijurídica. No cualquier acción u omisión puede dar lugar a la acción preventiva. Es preciso que ella sea antijurídica; no procede frente a actos lícitos. 
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2) LA PREVENCION DEL DAÑO EN LA ASAMBLEA JUDICIAL

La mora en deliberar como presupuesto
Dice el art. 2063 Cód. Civ.Com. Asamblea judicial. Si el administrador o el consejo de propietarios, en subsidio, omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representan el diez por ciento del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia a la que debe convocar a los propietarios. La asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio.
Corresponde entender que el procedimiento habilitado por el art. 2063 comporta, en si mismo, un claro ejemplo de tutela preventiva. Aunque no lo exprese este precepto, las reclamaciones urgentes pueden serles peticionadas la juez, mandando el magistrado atenderlas aun con anterioridad a la designación de administrador. 
La autoridad judicial cuenta con amplias facultades para disponer medidas preventivas no solo ante el daño que supuso la imposibilidad de deliberar, sino también para todas aquellas cuestiones que acreditadas sumariamente por lo peticionantes importen un peligro inminente que deba ser conjurado. 
En definitiva queda habilitada la reclamación de asamblea judicial para sortear la proximidad de un daño. Se debe individualizar el daño, ofreciendo pruebas concretas sobre las probabilidades |de su existencia o magnitud (peligro patente de futuros daños por falta de reparación de cosas comunes, urgente movilización de fondos para el pago de deudas  de cumplimiento vital para el sistema. etc.. 
Para que la tutela preventiva encuentre lugar a través de la asamblea judicial, debiera verificarse el caso en el que aquello sobre cuya intervención y decisión judicial se pide, resultare perentorio e impostergable.
No dudamos que es deber del juez prevenir el daño, su continuación o agravamiento. 
Deducida la pretensión de asamblea judicial, cumplidos los presupuestos que dimanan de la norma en cuestión, entendemos que por imperativo de su deber legal y su concreto cumplimiento de la tutela efectiva, puede requerírsele al magistrado interviniente el dictado de medidas preventivas de daños. 
Ante la comprobación del daño o su amenaza, pueden los accionantes exigir la adopción de medidas para evitar, hacer cesar o impedir un perjuicio futuro; también su agravamiento o extensión,  ...Causse Pettis "Los conflictos en la Propiedad Horizontal" Tomo 1|pág. 197 y sgtes. 
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3) RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO POR COSAS CAIDAS O ARROJADAS DESDE EL EDIFICIO

En la mayoría de los casos resueltos por la jurisprudencia se ha responsabilizado al Consorcio  cuando el daño causado es provocado por la caída  de cosas comunes producto del desprendimiento por la falta de conservación y mantenimiento, así como por la caída de cosas utilizadas en ocasión de efectuarse reparaciones en partes comunes a cargo del Consorcio.
Se ha resuelto que el Consorcio es responsable  por los daños y perjuicios ocasionados a un automóvil estacionado en la calle  que fue impactado por restos de mampostería provenientes de una obra efectuada en el edificio. 
Tambien se decidió responsabilizar al Consorcio por los daños que sufrió una persona a raíz de la caída de un vidrio de una de las ventanas del edificio, pues como aquel formaba parte de los paneles de vidrio del frente del edificio que conformaba la fachada debía considerarse una parte común.
Se condenó al Consorcio, entre otras personas, por la caída de una herramienta cuando estaba trabajando en la fachada del edificio. 
También se dijo que en aquellos casos en que la cosa cae desde un edificio, únicamente procede demandar al Consorcio si la cosa en cuestión tenía carácter común (ej. caída de parte de la fachada) o provino de un sector común. 
Cuando de todos los departamentos hubiera sido posible que se arrojara un elemento para provocar un daño, no podría accionarse contra el Consorcio si no se probó que el daño lo hubiera provocado la caída de una cosa común.
En el supuesto de cosas arrojadas desde un edificio, el Consorcio será responsable siempre que se trata de cosas comunes o provengan de partes comunes, cuya administración y conservación se encuentra a cargo del ente consorcial y por ende, bajo su guarda. (Causse Pettis "Los conflictos en la Propiedad Horizontal" T. 1 pág. 45 y sgtes)
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4) RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS POR COSAS ARROJADAS DESDE EL EDIFICIO

Hay dos supuestos: la "cosa caída" y la "cosa arrojada". La "cosa caída" debe ser sin intervención del hombre.
Primer alternativa:  la caída de un elemento por efecto del viento u otro fenómeno. Si allí no se pudo determinar de dónde provino, razón por la cual se le atribuye a los propietarios y ocupantes del sector la responsabilidad resarcitoria. 
Segunda alternativa: arrojar una cosa implica necesariamente la participación humana que con su accionar lanzó el objeto que causó el daño fuera del edificio. En este caso la prueba resulta más dificultosa para identificar al autor del lanzamiento de la cosa, razón por la cual el anomimato justifica la atribución de responsabilidad a todos los propietarios y ocupantes del SECTOR de donde provino el arrojo.
Frente a la imposibilidad de identificar al causante del daño, el Cód. . y Com.. consagra la responsabilidad solidaria de dueños y ocupantes. La noción de ocupante incluye tanto al inquilino, usufructuario, poseedor, comodatario, etc., sin excluir la responsabilidad del dueño. 
El Cód.´precisa que los responsables son los dueños u ocupantes de la "parte" del edificio del que la cosa cae o es arrojada, lo que excluye la resposanbilidad de quines habiten o sean propietarios de otros sectores.
Tanto el propietario como el ocupante deslindará responsabilidad en la medida que pueda demostrar que no participó la producción del daño.,  prueba de fácil acreditación para el propietario que con la simple presentación del contrato de locación pone como ocupante a otra persona.  

ARTICULO 1760. CCC- Cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edificio cae una cosa, o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. Sólo se libera quien demuestre que no participó en su producción.

ARTICULO 1761.CCC.- Autor anónimo. Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción.
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5) RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO POR FALTA DE REPARACIONES

La falta de atención por parte del Consorcio a la reparación y mantenimiento de las cosas comunes puede dar lugar a acciones por daños y perjuicios, ya sea por parte de los consorcistas o de terceros (conf. Highton, Elena I., “Propiedad horizontal y prehorizontalidad”, Bs. As., 2ª edición, Hammurabi, p. 384).

Es sabido que hay obligaciones previas y específicas entre el consorcio y los consorcistas y entre éstos entre sí que, al ser violadas, dan lugar a responsabilidad (Highton, Elena, “Apuntes sobre el daño y la reparación”, en Responsabilidad civil, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1986, p. 27), por cuanto la relación jurídica existente entre el Consocio de Propietarios y los titulares de dominio de las distintas unidades del inmueble se vertebra en el Reglamento de copropiedad y administración (conf. Gurfinkel de Wendy, Lilian Nora, Derechos reales, 1ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2010, volumen I, p. 667).


6) DAÑO PSICOLÓGICO

Ahora bien, cabe señalar que la protección a la integridad de las personas y el derecho a la reparación integral se encuentra respaldada en tratados internacionales que integran el sistema constitucional en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, entre las cuales podemos citar al art. 21 p. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al expresar que ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa. Asimismo, el art. 5 del mismo cuerpo normativo, de jerarquía constitucional, ampara el derecho a la integridad personal al expresar que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad, física, psíquica y moral (Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada” T. II, p. 110, Ed. Ediar) El derecho al resarcimiento y a la reparación del daño se encuentra incluido entre los derechos implícitos (art. 33 CN) especialmente si se tiene en cuenta que otras normas como el art. 17 y el 41 CN refieren casos específicos (CNCiv., Sala L, 15/10/2009, “L., S. y otro c. Hospital Británico y otro s/ daños y perjuicios”, ED, 09/02/2010, N° 12.439, id., esta Sala, 10/08/2010 Expte. N° 69.941/2005 “Gutiérrez, Luis A. y otro c. Luciani, Daniela C. y otros s/ daños y perjuicios”.

Específicamente en relación con el principio de resarcimiento integral, el art. 1740 Cod. Civ. y Comercial establece que la reparación del daño debe ser plena, restituyendo la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie.

En concreto, el art. 1746 del nuevo texto legal establece pautas para la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, total o parcial, admitiendo la presunción de la existencia de los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resulten razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad.

La incapacidad sobreviniente está representada por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de completado el período de recuperación o restablecimiento; produciéndose entonces para la misma un quebranto patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta al reanudar sus actividades habituales y al establecerse su imposibilidad —total o parcial— de asumirlas y cumplirlas adecuadamente. La incapacidad económica —o laborativa— sobreviniente se refiere a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suele desempeñar o en otras, es decir, una chance frustrada de percepción de ganancias...” (Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J.; “Tratado de la responsabilidad civil”, LA LEY, Bs. As., 2006, vol. “Cuantificación del Daño”, p. 231 y ss.).

A los fines de establecer el monto que debe resarcirse por este concepto, deben tenerse en cuenta las condiciones personales de la víctima, así como las familiares y socio-económicas, sin que el grado de incapacidad comprobado científicamente por el perito médico, traduzca, matemáticamente, una cierta cuantía indemnizatoria. Sólo constituye un parámetro de aproximación económica que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales que contribuyen a definir razonablemente el monto de la reparación (conf. esta Sala, Expte. N° 76.151/94 “Taboada, Carlos D. c. Lizarraga, Luis M. s/ daños y perjuicios” del 10/12/2009; id., 27/08/2010 Expte. 34.290/2006 “Fridman, Hernando c. Escalada, Héctor D. y otro s/ daños y perjuicios” id., id., 09/09/2010 Expte. 24.068/2006 “Agüero, Fernán G. y otro c. Arriola, Fernando L. y otros s/ daños y perjuicios”, entre otros).

En el mismo sentido, hemos sostenido que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer (conf. CNCiv., esta Sala, 04/03/2010, Expte. N° 36.291/98, “Gutmann, Alicia J. y otros c. Toscano, Enrique A. y otros s/ daños y perjuicios”; id., id., 06/05/2010, Expte. N° 26.401/03, “Lima de Yapura, Carmen M. c. Ifran, Ricardo y otros s/ daños y perjuicios”, entre muchos otros).

Por ende, lo que realmente resulta de vital importancia es el modo en que las secuelas afectan a la víctima para desarrollar los diversos actos de la vida cotidiana, considerando tanto la faz laboral como la vida de relación del individuo, ya que la “indemnización en sede civil tiende a la reparación integral.
(SCJM, 09/08/2010, “Leiva Rubén D. en J° 81.963/31.663 Leiva, Rubén D. c. Monte-Negro Martínez, Miguel Ángel p/ daños y perjuicios s/ inc.”).

Cconsiderando los porcentajes de incapacidad dictaminados pericialmente, la entidad de las secuelas incapacitantes psicológicas, estimo en 400.000.-. por considerar que el guarismo propuesto se ajusta adecuadamente al daño sufrido por el reclamante y al principio de reparación plena (art. 1740 del Cód. Civ. y Comercial y art. 165 del Código Procesal). CNCiv. Sala J - Casalnuovo, Carlos Alberto c. Consorcio de Propietarios Fray Justo Santa María de Oro 2988/90/92/94/96 s/ daños derivados de la propiedad horizontal • 28/12/2020 AR//JUR/68069/2020
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7) CONSECUENCIAS NO PATRIMONIALES. DAÑO MORAL

Con respecto a los agravios vertidos en torno a la cuantía del reclamo, actualmente denominado consecuencias no patrimoniales —contempladas en el art. 1741 del Cód. Civ. y Comercial— las que se producen cuando existe una consecuencia lesiva de naturaleza espiritual, aun cuando la norma no resulte aplicable a este ilícito, puede ser tomada como pauta doctrinaria orientativa de su cuantificación.

Desde una concepción sistémica —en donde la Constitución constituye el vértice o núcleo— el Derecho tutela intereses trascendentes de la persona, además de los estrictamente patrimoniales. (Tobías, José W., “Hacia un replanteo del concepto (o el contenido) del daño moral” LA LEY, 1993-E, 1227 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 33; C. N. Civ., esta Sala, 25/02/2010, Expte. N° 87.802/2000 “Valdez, Sandra N. c. Urbano, Alberto D. y otro s/ daños y perjuicios”; id., id. 15/04/2010, Expte. 114.354/2003 “Rendon, Juan Carlos c. Mazzoconi, Laura E. daños y perjuicios”, entre otros).

Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. Dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales.

El reclamo es procedente en tanto que es más que presumible que el accionante se ha visto afectado en su estado espiritual por las inquietudes, zozobras y aflicciones que le han causado las filtraciones y los consecuentes deterioros en su propiedad y en su persona, al extremo de generarle secuelas de orden psicológico de carácter permanente.

los deterioros producidos por filtraciones pueden generar secuelas personales en el accionante que alteran su vida íntima y cotidiana, proyectándose en el tiempo sin encontrar la urgente atención que merecían, por lo que es necesario considerar la indemnización del daño acorde con las justas susceptibilidades de la víctima.

Por lo demás, es dable señalar, que la procedencia y determinación de este daño no está vinculada a la existencia o entidad de los perjuicios materiales, pues media interdependencia entre tales rubros, que tienen su propia configuración (conf. Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T° I, p. 13, Ed. Abeledo-Perrot; CSJN, 06/10/2009, “Arisnabarreta, Rubén J. c. EN (Min. de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento”; id., 07/11/2006, “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c. Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico SA y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios”, Fallos: 329:4944; id., 24/08/2006, “Ferrari de Grand, Teresa H. M. y otros c. Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos: 329:3403; id., 06/03/2007, ORI, “Mosca, Hugo A. c. Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos: 330:563, entre muchos otros).

Asimismo, el art. 1741 del Cód. Civ. y Com. de la Nación in fine establece que “el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas” delimitando la actividad jurisdiccional y acentuando sus funciones reparatorias.

En otras palabras, el monto del resarcimiento debe permitir procurarse un placer que compense o sustituya el displacer sufrido, criterio que jurisprudencialmente se viene aplicando de manera inveterada por nuestros tribunales.

En cuanto a su valuación, cabe recordar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que: El dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurar satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido.

Señaló nuestro Máximo Tribunal que “Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (.). El dinero es un medio de obtener satisfacción goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia O. c. Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós) (Conf. CNCiv., Sala A, 17/07/2014 “R. M. B. c. Banco Supervielle SA s/ daños y perjuicios” del voto del Dr. Sebastián Picasso; cita: MJ-JU-M-88578-AR | MJJ88578 | MJJ88578).

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8) DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA G
P. I, A. I. c. D., J. D. y otros s/ Daños y perjuicios • 01/03/2021
Cita Online: AR/JUR/1003/2021

La circunstancia expresamente admitida de que el perro de raza Pitbull que atacó y mató al can de menor porte de la vecina vivía en su domicilio y se hacía cargo del animal indicaría que el demandado debe responder por los daños provocados.

 La prueba de la agresividad del animal potencialmente peligroso ha sido puesta de manifiesto por la ineficacia de los esfuerzos de los vecinos para que el pitbull soltara su presa; e incluso por las declaraciones del agente de policía que, llamativamente, esperó la llegada del dueño para que fuera este quien lo neutralizase.

El dueño expresa que el can inexplicablemente salió del departamento siendo que por ello no llevaba correa, dado que se escapó solo, encontrándose en el hall del edificio con el perro de la actora. Tal explicación está lejos de la situación prevista en el art. 1127 del Código Civil, en cuanto a que “se hubiere soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de cuidarlo”, pues pone en evidencia que no arbitró los medios como para evitar que el perro saliera de su propiedad. Lo menos que puede observarse es que omitió efectuar el cerramiento adecuado exigido por la ley 4078 de la Ciudad de Buenos Aires.

El derecho a una reparación —en el caso, por daños causados por animales— se encuentra contemplado en los arts. 17 (derecho de propiedad) y 19 (no dañar a otro) de la Constitución Nacional y en tal carácter ha sido reconocido por la Corte Suprema; como así también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), entre otros, en sus arts. 5 (derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral), 21 (indemnización justa); y en su art. 63 (reparación de las consecuencias).

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9) DAÑOS Y PERJUICIOS - ASCENSOR

C. Nac. Civ., sala E, 27/6/2012, "Ojeda, Amelia v. Consorcio de Propietarios Edificio 43"

La actora demanda por daños y perjuicios por un incidente en el ascensor de un edificio sito la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la caída del habitáculo en el cual descendía desde el piso sexto. La pretensión fue deducida contra el consorcio de propietarios de ese edificio y contra la empresa encargada el mantenimiento de éste, quien a su vez reclamó la citación como tercero obligado al ingeniero en carácter de encargado de mecánica del funcionamiento de los ascensores. También comparecieron las compañías de seguros en su carácter de aseguradoras, respectivamente, del consorcio y de la firma encargada del mantenimiento del ascensor.

El incidente consistió en la frenada brusca del habitáculo del ascensor, según el informe del perito, sin que sea verosímil considerar que el ascensor tuvo una caída libre desde el sexto piso o que después de su detención haya habido una nueva maniobra que produjera mayor zozobra a la demandante.

2.— Resolución del caso

i) Factor de imputación objetivo: riesgo creado por vicio de la cosa. Dueño o guardián de la cosa

Se trata claramente de un supuesto en el cual el consorcio debe responder como propietario o guardián de la cosa, sin que sea admisible que los daños producidos por el desperfecto por su mal funcionamiento puedan serle dispensados con el solo argumento de que se llevó a cabo una incorrecta ejecución de la locación de obra encomendada a un tercero, a la sazón, la empresa encargada del servicio de mantenimiento y el ingeniero de ésta.

Sabido es que al ascensor se le aplica la regla del art. 1113, párr. 2, parte 2ª, respecto de la responsabilidad del dueño y del guardián por los daños causados por la cosa riesgosa (conf. esta sala, 2/5/1979, ED 86-329 y también C. Nac. Civ., sala A, 13/12/2007, LL 2008-A-127; íd., sala C, 25/9/1985, LL 1985-E-131; íd., sala F, 16/5/1985, LL 1985-E-237; íd., sala J, 14/8/2006, RCyS 2007-695; íd., sala G, 6/9/2004, LL del 11/1/2005).

Sostiene la sala que cuando rige la presunción que emana del art. 1113, CCiv., ella debe ser destruida por prueba categórica aportada por aquel sobre quien recae, y que acredite acabadamente alguna de las causales de exoneración que contempla la citada disposición legal, toda vez que incluso un estado de duda es insuficiente a los fines indicados. Vale decir que, por aplicación de esta doctrina, quedaba a cargo del demandado la demostración de la culpa de la víctima o de un tercero por quien civilmente no debía responder.

No es posible concebir, como principio, que toda persona que sube a un ascensor conozca sus riesgos, con lo cual asuma —desde ese criterio— parte de la responsabilidad en el supuesto de la caída del móvil y la consecuente exención parcial o total de responsabilidad del propietario o guardián de ella. Desde esta perspectiva, se impondría a toda víctima la demostración de la culpa del propietario o guardián en clara contradicción con lo dispuesto por el art. 1113, párr. 2, CCiv. Además, el hecho de la víctima con aptitud para interrumpir el nexo de causalidad entre el riesgo de la cosa y el perjuicio al que alude el art. 1113, CCiv., debe aparecer como la única causa del daño, con las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor y respecto del uso de ascensores resulta inaceptable considerar que su ingreso al ascensor haya importado someterse a un eventual riesgo mansamente, sin posibilidad de formular reclamo alguno de las futuras consecuencias dañosas.
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El juez de primera instancia rechazó la demanda por daños y perjuicios causados por un ascensor con fundamento en que de la pericia técnica surgía el correcto funcionamiento del elevador y que el mecanismo de cierre de las puertas era incompatible con el accidente relatado en la demanda. La Cámara confirmó la sentencia apelada.

SUMARIOS

1 - El consorcio de propietarios no puede ser responsabilizado respecto de la indemnización de daños reclamada por quien afirma haber sufrido un accidente en un ascensor situado en el edificio, ya que la responsabilidad no se presume cuando se trata de un supuesto de responsabilidad por vicio de la cosa, lo cual obligaba al actor a acreditar el defecto o irregularidad que habría provocado el evento. 

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA I  Mach, Analía Fabiana c. Cons. Edificio Loria 256 y otros s/ daños y perjuicios • 08/05/2013 Cita Online: AR/JUR/109614/2013
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CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA D
Fernández Ordas, Beatriz c. Cons. de Prop. Tucumán 1436/ 1438/ 40 • 29/08/2008
Cita Online: AR/JUR/6790/2008

HECHOS
Una mujer sufrió lesiones graves con motivo de un accidente ocurrido cuando ingresó en la cabina de un ascensor y éste comenzó a elevarse con las dos puertas abiertas, habiendo quedado su pierna izquierda entre la cabina del ascensor y la pared existente entre la planta baja y el primer piso del edificio. Demandó al consorcio de copropietarios, al encargado del edificio y a la empresa que realizaba el mantenimiento del ascensor. Asimismo, fueron citados como terceros un dependiente de la empresa y su titular. La demanda fue admitida.
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CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA G
Juárez, Pedro N. c. Consorcio de Propietarios Sánchez de Bustamante 1102 y otros • 28/08/1985
Cita Online: AR/JUR/2123/1985

1 - La circunstancia de que en el caso el edificio no contara con un encargado no implica que el consorcio sea responsable del accidente, pues no es razonable exigirlo cuando se trata de una casa totalmente deshabitada, donde el encargado no tendría para cumplir ninguna de las funciones propias, ni podía esperarse que realizara el cuidado del hijo del actor, que como reconoció éste en la audiencia de posiciones no podía cumplirlo.

2 - La falta de encargado o de otra persona que pudiera provocar la responsabilidad refleja del consorcio, descarta que pueda responder éste por la caída del menor en el hueco del ascensor, ya que no contaba con dependientes en el edificio. Tampoco puede atribuirse este lamentable accidente al riesgo o vicio de la cosa, toda vez que el hecho no se debió más que a un obrar humano y a todo evento, se debería responsabilizar a quien o quienes dejaron abierta la puerta del ascensor pero no al consorcio.

3 - La ausencia de iluminación artificial no puede acarrear responsabilidad al consorcio, máxime cuando el actor -padre de la víctima- debió conocer esta realidad y si encontraba que ello provocaba un peligro para él -quien estaba a cargo de la pintura de un departamento- o para su hijo, debió solicitar a su empleador que solucionara este punto o al menos no exponer al menor, puesto que no se trataba de un lugar abierto al uso público, sino de un edificio sujeto a importantes obras de refacción.

4 - Las pretendidas deficiencias en la apreciación de los hechos o en la valoración de las pruebas, escapan al ámbito del recurso de nulidad, toda vez que los agravios son susceptibles de repararse mediante la apelación también interpuesta en el caso.
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Partes comunes. Uso y goce. Ascensor. Habilitación de una puerta. Restricción impuesta por el Reglamento de Copropiedad. Abuso del derecho.-

1- Cada propietario tiene derecho sobre las partes comunes atendiendo al criterio rector de su destino, que está dado por la naturaleza de las cosas. Así, un ascensor resulta común por su destino, y el límite en su uso es el adecuado a su finalidad -el transporte de personas y cosas-, pues para ese empleo fue fabricado, exigiendo las normas propias de convivencia y buena vecindad que cada uno use los bienes comunes sin causar perjuicio ni restringir el legítimo derecho de los demás.-

2- La apertura de una puerta y la habilitación del ascensor en el piso primero de un edificio, no constituye una obra nueva sino una innovación, pues implica un mejor aprovechamiento, un más adecuado uso y goce de esa parte común. Tampoco se trata de un cambio de destino de la cosa, sino de adecuarla a la función específica para la cual fue creada en su integridad.-

3- Si bien cuando se trata de privar de efectos a una cláusula contractual la teoría del abuso del derecho debe utilizarse restrictivamente, el criterio varía cuando el sometimiento a la misma lo efectuó una sola persona, a su sola voluntad, erigiéndose en una cláusula predispuesta para los sucesivos adquirentes y el antifuncionalismo de su persistencia aparece manifiesto y flagrante (en el caso, el propietario originario del edificio clausuró el acceso al ascensor en uno de los pisos y estableció para el adquirente la renuncia irrevoca
ble a su utilización y uso).-La Ley del 24/3/2000, pág.4.-
V., A.E. c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS URUGUAY 520 98/12/29
C. J013020 Civil - Sala J

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DAÑOS  Y  PERJUICIOS.  Propiedad  horizontal.  Ascensor. Riesgo o vicio de la cosa. Falta de prueba. Rechazo de demanda.

1-  El daño se considera causado por el riesgo o vicio de la cosa cuando  haya  sido  producido mediante el empleo de una cosa que, por  su  naturaleza,  estado  o  modo  de  utilización,  engendra riesgos  a  terceros. Por tal razón quedan incluidos dentro de la última  parte  del  artículo 1113, párrafo 2°, los daños causados por  ciertas  actividades  riesgosas  que se realizan mediante el empleo de cosas peligrosas.

2-  Si  se  configura un supuesto de responsabilidad por el hecho de  las  cosas  sujeto  al  régimen  prescripto por el mencionado artículo,  el  pretensor,  en  tanto  presupuestos de hecho de la norma  con cuya aplicación aspira a beneficiarse, debe dar cuenta de:  la  intervención de la cosa riesgosa o viciosa, el perjuicio -o  daño resarcible-, y la relación de causalidad entre el riesgo de la cosa y el daño.

3-  Quedan  comprendidos, por la idea de riesgo creado, todos los daños  causados  por  un  automóvil  en movimiento, provengan los mismos  de  vicios  o  de fallas en su conducción, los causados a terceros   por   aeronaves,   trenes,   ascensores,   generadores eléctricos  y  productos  elaborados.  En  todos  estos casos, el dueño  o  guardián  de  la cosa podrá eximirse de responsabilidad demostrando que medió una causa ajena. 

4-  En efecto, el ascensor es una cosa riesgosa, que puede llegar a   ser   viciosa   en   caso  de  que  se  prueben  defectos  de funcionamiento   -por   falta   de   mantenimiento,   desgaste  u obsolescencia-  generando,  en  cualquiera de los dos casos, este régimen de responsabilidad objetiva.

5-   En  el  caso,  era  la  actora  quien  debía  acreditar  las circunstancias  en  que  quedara enganchado su brazo en la puerta interna  del  ascensor  como consecuencia del inicio del descenso del  habitáculo,  en ocasión en que la puerta exterior se hallaba abierta,  por lo que al no haber acompañado elementos probatorios que   permitan  concluir  con  razonable  grado  de  certeza  que efectivamente   el   hecho   denunciado   se   produjo   en   las circunstancias  descriptas  en  la  demanda,  ni  se  acreditó el alegado  vicio  existente  en  el funcionamiento del ascensor del edificio,  se impone el rechazo de la acción -art. 377 del Código Procesal-.

(Sumario  N°27308  de  la  Base  de  Datos  de  la  Secretaría deDocumentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil). C073530 MINGUILLO  AGUILAR,  Clarisa  Elena  c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CALLAO 796 y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. 31/08/18 CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. Sala C.

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10) RUIDOS MOLESTOS

cita: LALEY AR/DOC/10148/2012

C. Nac. Civ., sala F, 19/9/2012, "Nicotera, Roxana C. y otro v. Freddo S.A"

1.— Hechos

Los actores promovieron demanda contra una empresa vecina lindera a su departamento por los daños y perjuicios por ruidos molestos producidos por más de once años derivados de los equipos de refrigeración ubicados en el local, solicitando además que se ordene el cese de aquéllos.

i) Antijuridicidad: ruidos molestos. Prueba

Se comprobó que los equipos de refrigeración emitían ruidos molestos constantes durante su funcionamiento y al momento de arranque de los equipos. Ellos fueron probados por el perito ingeniero designado en autos, y que la contaminación acústica superaba los límites permitidos por el Gobierno de la Ciudad en todos los ambientes de la casa de los demandantes.

El dictamen coincide con los valores obtenidos hacía más de diez años por la Dirección de Control de Calidad del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se demostró que "dichos equipos se encuentran fuera de la línea municipal y muy próximos a los ventanales de la vivienda del denunciante".

La Cámara sostiene que la impugnación efectuada por la demandada no debilita la eficacia probatoria del peritaje en análisis, ya que estaba a cargo de ésta arrimar los elementos aptos para acreditar los errores en que habría incurrido el perito. Máxime cuando aquélla no ejerció su derecho de nombrar consultores técnicos que pudieran presentar su dictamen.
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11) DAÑO POR DESVALORIZACIÓN DEL INMUEBLE

En preparación
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12) CAÍDA DEL PEATÓN EN LA VÍA PÚBLICA

C. Nac. Civ., sala E, 31/7/2012, "Kollman, Nora E. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"

1.— Hechos

La actora demanda por daños y perjuicios sufridos cuando circulaba caminando por la vereda en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la que tropieza con una tapa de cemento con un asa de hierro sobresaliente, a raíz de lo cual cayó pesadamente al suelo y sufrió diversas lesiones.

2.— Resolución del caso

ii) Cosa riesgosa o viciosa: prueba de su existencia. Acta notarial

Se pudo probar la existencia de la cosa riesgosa en la vereda, no sólo con la prueba producida en sede penal, sino gracias a que la actora solicitó un acta notarial, que coincide con la constatación y las fotografías hechas por personal policial en sede penal.

iii) Factor de atribución. Responsabilidad del dueño o guardián por la cosa riesgosa

Si la cosa cuyo riesgo o vicio produjo el daño se encontraba en la vía pública, en tanto las aceras forman parte del dominio público del Estado y se encuentran bajo la guarda de la municipalidad (arts. 2339, 2340, inc. 7, y 2342, CCiv.), es éste el factor de imputación jurídica para que ella responda por el perjuicio ocasionado en la órbita del art. 1113 del mismo cuerpo legal, pues era su deber mantener en condiciones la vereda para evitar perjuicios a terceros, tanto dentro de las funciones de policía que le atañen, cuanto por ser la vía pública parte del dominio público del Estado.

El municipio no sólo detenta el dominio o propiedad del lugar, sino el deber de evitar riesgos a los habitantes de la ciudad que transitaran por el lugar.

La Cámara sostiene que la víctima conociera o debiera conocer el estado de la vereda carece de significación en orden a la responsabilidad, ni tampoco que se considere como un factor de inversión de la carga probatoria. Es que "en verdad, caminar por la vereda, aunque sea por un lugar conocido, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad o pueda considerarse temeraria la conducta que provoca serias lesiones físicas y psíquicas".
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13) LUCRO CESANTE

El lucro cesante no se presume y quien reclama su indemnización debe aportar los elementos de prueba que acrediten fehacientemente su existencia.

Pero también lo es que se ha decidido reiteradamente que este daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debían ser logradas por el perjudicado con suficiente probabilidad de no haber ocurrido el hecho, sin que se exija una certeza absoluta, sino apreciada aquella probabilidad con criterio objetivo y de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso (conf. C. Nac. Civ., sala F, causas 59.502, del 11/12/1989, 88.218 del 13/5/1991 y 133.444 del 31/8/1993, entre muchas otras).

"Es dable admitir en materia de lucro cesante una mayor flexibilidad en la apreciación de los hechos que constituyen fuente del perjuicio (a diferencia del daño emergente, en que se aplican con todo rigor las reglas que rigen el onus probandi), ello no implica en modo alguno reconocer sin más la reparación, ya que la restutitio in integrum no es automática, debiendo demostrarse siempre la existencia de los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende, para evitar de esa manera el enriquecimiento injusto del damnificado a costa del responsable; corresponde por tanto al demandante la acreditación del daño alegado porque el lucro cesante no se presume" (C. Nac. Com., sala A, 19/12/1980, JA 1982-I-230).

La Cámara sostiene que no todo impedimento para trabajar o hacer algo ocasiona la pérdida de beneficios económicos o materiales. El lucro cesante no reside en la inactividad productiva sino en las ganancias frustradas con motivo de ello.
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14) PRUEBA PERICIAL EN DAÑOS

El perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juzgador, razón por la cual el dictamen no tiene, en principio, efecto vinculante para él (art. 477 del Cód. Procesal, CNCiv. esta Sala, en ED, 89-495 y sus citas).
La circunstancia de que el dictamen no obligue al juez —salvo en los casos que así lo exige la ley—, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, en tanto la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada (cfr. fallo citado y votos del Dr. Mirás en causas 34.389 del 9-2-88 y 188.579 del 26-3-96 y, en el mismo sentido, CNCiv. Sala "D" en ED, 6-300, Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Anotado", 4a ed., t. I, pág. 717 y nota 551).

La jurisprudencia  ha adherido a la doctrina según la cual aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando el informe comporta la apreciación específica en el campo del saber del perito —conocimiento éste ajeno al hombre de derecho—, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado .

Para que las observaciones que pudiesen formular las partes puedan tener favorable acogida, es menester aportar en el expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (cfr. arts. 386 y 477 del Cód. Procesal; Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. IV, pág. 720). Y en el caso, como se analizó, la parte apelante no arrimó elementos suficientes que permitan apartarse de lo informado por el perito.

A pesar de que en nuestro sistema el peritaje no reviste el carácter de prueba legal, si el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que haya llegado, en tanto no adolezca de errores manifiestos o no resulte contrariado por otra probanza de igual o parejo tenor.
 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J • 28/12/2020 • Casalnuovo, Carlos Alberto c. Consorcio de Propietarios Fray Justo Santa María de Oro 2988/90/92/94/96 s/ daños derivados de la propiedad horizontal •   La Ley Online •AR/JUR/68069/2020
En procesos donde se discuten los daños en inmuebles, el dictamen pericial adquiere una especial significación desde que resulta ser, en la generalidad de los casos, la “probatio probatissima”, toda vez que resulta de particular relevancia en lo que hace a la existencia y entidad de los daños por lo que se reclama.
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